Por David Zapp
Un artículo en el periódico colombiano El Tiempo abordó el problema de la extradición de paramilitares, y pasó por alto la extradición innecesaria de figuras menores. Ambos asuntos demandan la atención del pueblo colombiano y del gobierno estadounidense, y ambos requieren soluciones prácticas.
Cómbita está, y siempre ha estado, llena de acusados de bajo perfil que esperan la extradición a los Estados Unidos. Sin Embargo, mientras que la mayoría de acusados de bajo perfil podrían ser miembros de una conspiración de drogas, ellos no son “exportadores” (o “importadores”) conforme a la definición del término por la ley de los Estados Unidos. La ley estadounidense requiere que un acusado posea “conocimiento personal,” es decir, conocimiento de que las drogas con las cuales él o ella estuvieron envueltos estaban destinadas para los Estados Unidos, no simplemente una suposición. Los precedentes legales son bastante claros sobre esto. Sin embargo, a pesar de que los acusados envueltos de la forma más tangencial no cuentan con “conocimiento personal,” los acusados de bajo perfil siguen enfrentándose a acusaciones formales y extradición por parte de los Estados Unidos, cuando debieran estar encarando enjuiciamiento en Colombia.
Algunos jueces federales en los Estados Unidos son concientes del hecho de que extraditar acusados de bajo perfil se está convirtiendo en práctica común. Anteriormente, la extradición de acusados colombianos estaba reservada para narcotraficantes mayores, pero los jueces actualmente vienen observando cada vez más “peces pequeños” en sus salas de audiencias. El problema es que Estados Unidos asigna fondos para la extradición de narcotraficantes colombianos a gran escala, pero si existen excedentes, Estados Unidos simplemente no encuentra un mejor uso para el dinero, sino que extradita a más acusados. ¿Por qué? Porque ellos pueden y tienen el dinero para hacerlo.
La extradición es traumática y no debe ser tomada a la ligera. Los acusados son encarcelados a miles de millas de sus hogares y enjuiciados por gente que habla un lenguaje extranjero, en cortes que no son particularmente amigables hacia ellos. Los acusados extraditados no cuentan con ni siquiera la ayuda y el consuelo de sus familias ya que, siendo pobres, sus familias tienen muy poca probabilidad de procurar visas.
La extradición de paramilitares presenta un problema diferente. Estados Unidos trata a los paramilitares colombianos como a criminales comunes y hace la vista gorda a la gravedad de las ofensas que se les imputan en Colombia. En vez de considerarlas, Estados Unidos se enfoca solamente en los cargos relacionados con el narcotráfico. Los paramilitares deberían ser enjuiciados en su propio país, contribuyendo a la paz, la justicia y la reconciliación exigida por el pueblo colombiano. Ellos deberían responsabilizarse ante Colombia y darle sus ganancias malhabidas a las víctimas de quienes abusaron. El tratar a los paramilitares como delincuentes comunes denigra la importancia del asunto.
Después del rechazo de la petición de extradición de Fredy “El Alemán” Rendón, Brownfeld, el antiguo embajador de Estados Unidos, dijo que “[Estados Unidos] tiene que hacer cambios en [su] sistema para asegurarse que los paramilitares continúen cooperando con la comisión de paz y justicia” y también sean enjuiciados en Estados Unidos. ¿Pero cómo? ¿Por qué habrían de cooperar los paramilitares con el gobierno colombiano si éste ultimadamente permite que los extraditen a los Estados Unidos? Para compensar por la cooperación de “paz y justicia” en Colombia, sospecho que Estados Unidos tendrá que pedirle reducciones de sentencias a jueces federales.
Para Colombia, el negocio debe ser simple: Garantizarle a los paramilitares que si ellos dicen la verdad y devuelven sus ganancias malhabidas, incluyendo los frutos de esas ganancias, ellos no serán extraditados. Si ellos no lo hicieran, ellos deberían ser excluidos de la oferta y extraditados de forma inmediata. El gobierno colombiano creó la Comisión de Paz y Justicia como una alternativa al enjuiciamiento de los paramilitares así como para proveerle reparaciones a las víctimas de los crímenes cometidos por los paramilitares. Pero Colombia continúa perjudicando los objetivos sensibles de la Comisión, al extraditar a aquellos paramilitares de quienes buscan cooperación. Esto no tiene sentido.
Los paramilitares que ya han sido extraditados podrían ser devueltos a Colombia. Eso requeriría una gran determinación de parte de Colombia para presionar a los Estados Unidos a que lo haga, pero se puede lograr. Las cortes de EE.UU. podrían evacuar las convicciones de los paramilitares esperando ser sentenciados en nombre del “interés nacional” de ambos países. Y con base en su cooperación con el proceso de Justicia y Paz de Colombia, los paramilitares que ya han sido sentenciados podrían buscar una reducción de sus sentencias conforme a la Regla 35 de las Reglas Federales de Procedimiento Criminal, permitiendo una rebaja de sentencias con base en la “asistencia sustancial.”
Ambas políticas absurdas deberían ser suspendidas: la extradición de paramilitares que aceptan cooperar con el proceso de paz y la extradición de acusados de perfil bajo. La extradición debería, una vez más, ser reservada para narcotraficantes a gran escala.
